Me
levanto pensando al oír y ver las últimas noticias si la formula mayoría
absoluta no es un poco, bastante, en el caso que nos atañe, antidemocrático y
fascistoide. Porque si observamos
prácticamente todas las leyes y demás regulaciones y reformas paridas por el
actual gobierno, están mal paridas. Me explico. En todas ellas
parlamentariamente hablando se han quedado prácticamente solos ellos y sus
escisiones regionalistas. Pero es que han tenido en contra hasta a la mayoría
de sus consejeros, pagados con dinero público, pero escogidos por ellos.
"Reformas en
educación"
La
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que el Congreso ha
aprobado definitivamente, fija el
castellano como lengua vehicular de la enseñanza, establece evaluaciones al
final de cada etapa educativa y refuerza los conciertos de los centros que
segregan por sexo. Estos son los principales puntos de la reforma liderada por
el ministro José Ignacio Wert, y que modifica parcialmente la Ley Orgánica de
Educación (LOE) de 2006:
Rechazo
generalizado de la sociedad en general al considerarla privatizadora,
adoctrinadora e invasora de competencias autonómicas, por ejemplo, en las
lenguas cooficiales. La reforma salió adelante a pesar de haber tenido once
vetos en la Cámara alta y ocho en el Senado, y alrededor de 1.600 enmiendas
parciales. La Plataforma Estatal por la Escuela Pública, integrada por
distintas asociaciones y sindicatos de docentes, padres y alumnos, también ha
mostrado su rechazo a la Lomce y han advertido de que continuarán movilizándose
en contra.
"Reformas en la
sanidad"
La
reforma sanitaria representa un grave error de previsión, una regresión en el
marco de derechos humanos, y un radical cambio del modelo de sanidad pública
español.
Marca
un retroceso en un modelo que, aunque mejorable funcionaba bien, y era un
ejemplo a seguir en el ámbito internacional.
La
reforma sanitaria introducida no es efectiva desde el punto de vista sanitario
–y muy específicamente desde un enfoque de Salud Pública.
Incumple
pactos y compromisos de alto nivel adoptados por España en el ámbito
internacional,
La
falta de claridad en la normativa ha provocado caos y asimetría en la
aplicación.
La
Comisión Europea asegura que España ha hecho esfuerzos para aumentar la
eficiencia y el control del gasto en asistencia sanitaria, pero las medidas
impuestas con la reforma de 2012 han derivado también en efectos indeseados,
como el aumento de las listas de espera o el del número de reclamaciones relativas
a las restricciones de acceso a la asistencia sanitaria.
De
la Depencia ya, mejor ni hablamos
"Reforma
laboral"
Cada
vez que oigo la expresión “reforma laboral” o “reforma del mercado de trabajo”
en boca de políticos y analistas económicos me pongo de los nervios, pues
dichas expresiones no son sino eufemismos para no nombrar lo que no se quiere
nombrar, que la reforma laboral no significa otra cosa que salarios de hambre,
empleos precarios y pérdida de derechos laborales. Esto se traduce en una especie
de absolutismo empresarial donde todo el poder está en manos del empresario.
"Reforma
fiscal"
Desde
Europa; la Comisión expresa a las claras su “escepticismo” respecto a la
dirección de los cambios fiscales, atribuyen las rebajas anunciadas “a la
cercanía de las elecciones” y subrayan que si se confirman las líneas generales
apuntadas, España podría volver a tener problemas si cae la recaudación, con un
déficit estructural tan abultado.
Es
un planteamiento fiscal del siglo pasado que no avanza hacia un sistema
"más eficiente, equitativo, justo y simple. Intenta recentralizar
competencias autonómicas, ya que el informe "le pega un hachazo
tremendo" a la posibilidad de aplicar impuestos propios y recorta los
transferidos. No tiene en cuenta el gasto público, lo que acabará generando más
desigualdad al promover la bajada de los impuestos directos y el aumento de los
indirectos. Se echa en falta que no se haya ido un poco más allá en la lucha contra
el fraude fiscal.
“Reforma en Justicia”
Gallardón
aleja aún más la Justicia de los ciudadanos con su reforma de la LOPJ.Esta
decisión es muy criticada no sólo por la carrera judicial, sino por otros
sectores como los secretarios judiciales, fiscales y funcionarios, que ven cómo
claramente lo que se va a conseguir es alejar todavía más la Justicia de la
gente. Además, para hacer esta propuesta una realidad, se tienen que trasladar
no sólo todos los jueces a las capitales, sino toda la oficina judicial
necesaria para que la Administración de Justicia funcione, lo que supone contar
con unos edificios y espacios que a día de hoy no existen.
Con
las elecciones a la vista, plantear la eliminación de los juzgados tiene
difícil venta para el electorado, que ya ha visto que el acceso a la Justicia
se le ha complicado con este Gobierno tras la aprobación de las tasas
judiciales. Junto a esto, también tendrá que ser modificado el Estatuto del
Ministerio Fiscal, que deberá cambiar su estructura después de que hace siete
años se creara el fiscal de área precisamente para atender los partidos
judiciales que ahora se eliminan. En caso de aprobarse este anteproyecto, el
presidente del Tribunal Provincial de Instancia (TPI) será elegido por el
Consejo General del Poder Judicial, algo que para miembros de la carrera
judicial es un nuevo intento de politización de la justicia. Se trata, según
varios miembros de la carrera, de crear una estructura más porosa al poder
político, al ser ahora el máximo representante de todos los juzgados una
persona designada por un órgano claramente politizado, puesto que sus miembros
son elegidos por el Congreso y el Senado.
En
que piensa este Gobierno.
Siguen
sin entender que un Politico es un servidor público.
El mismo ministro que estrenó el cargo con una amnistía fiscal, el mismo ministro que acaba de anunciar una reforma fiscal para que los pobres y clases medias financien las rebajas de impuestos para las clases altas y las empresas, el mismo ministro que, en aras del control del déficit ha impuesto recortes sin fin en prestaciones y derechos sociales, el inefable Cristóbal Montoro, redondea la jugada y convierte un chanchullo contable en una deuda del Estado para con los bancos.
ResponderEliminar